Lima, 29 de Febrero del 2012

Señora

Ing. Dilma Rousseff
Presidenta de la República Federativa de Brasil
Presente.-

De nuestra mayor consideración,

El Foro Ecológico del Perú miembro de la Red de Comunicación Ambiental de América Latina y el Caribe (RedCalc / www.redcalc.org) nos dirigimos a Usted para plantearle nuestra enorme preocupación por la persecución de que es objeto en su país el colega Lúcio Flávio Pinto, destacado periodista del estado de Pará, con reconocimientos nacionales e internacionales por su trabajo en defensa de la verdad y la justicia social.

Desde 1992, Lúcio Flavio viene sufriendo procesos judiciales con el fin de impedir que prosiga su desempeño como periodista. Esos procesos son iniciados por las personas denunciadas por Lúcio Flávio por violentar la ley y apropiarse indebidamente de bienes públicos, pero la complicidad de ciertos integrantes de la Justicia con los empresarios denunciados ha hecho posible que el periodista sea tratado como un criminal.

En el caso más reciente, Lúcio Flávio denunció a un empresario que se apropió de un terreno público y el hecho fue probado judicialmente. Pero he aquí que el empresario inicia una acción judicial contra Lúcio Flávio por considerar "daño moral" una expresión utilizada en su denuncia y, a través de un largo proceso lleno de irregularidades, la Justicia condena al periodista a indemnizarlo con una suma que sería equivalente hoy a 20.000 reales.

La persecución de que es objeto el periodista Lúcio Flávio debería avergonzar a la Justicia brasileña. Sociólogo, editor del Jornal Pessoal desde hace más de 20 años y autor de 12 libros, Lúcio Flávio recibió en Roma, en 1997, el premio Colombe d'oro per La Pace y en Nueva York, en 2005, el premio anual del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) por sus denuncias en defensa de la Amazonia y de los derechos humanos. 

Sra. Presidenta, al manifestarle nuestra preocupación por estos hechos y reafirmar una solidaridad total con la conducta personal y profesional de Lúcio Flávio, esperamos que Usted y las autoridades correspondientes adopten las medidas para poner fin a esta injusticia y reafirmen los valores de democracia y libertad que engrandecen al Brasil.

Atentamente,

  

Blgo. Sandro Chávez

Coordinador Nacional

Foro Ecológico del Perú,  miembros de la RedCalc,

SANTOS CHOCANO, EL AGUA Y LA MINERÍA

Escribe: José De Echave C. 

Los apellidos Santos Chocano juntos nos refieren a la poesía en el Perú. Sin embargo en la actualidad están sobre todo ligados a temas como el agua y la minería: los presidentes regionales, Santos de Cajamarca y Chocano de Tacna, vienen librando una dura batalla desde sus respectivas jurisdicciones por la defensa del agua y cuestionando la gravitante presencia de la minería en sus territorios.

El cajamarquino Santos ha estado en el candelero en los últimos meses alrededor del caso Conga. Se le ha dicho y acusado de todo: ultraizquierdista y enemigo de la inversión, falso ambientalista y hasta enemigo del país. Su militancia política es la evidencia que se muestra. Le han caído con todo: el proceso de revocatoria contra Santos está abierto, a lo que se le suma la denuncia en el Tribunal Constitucional y una Contraloría que revisa minuciosamente hasta la caja chica del gobierno regional de Cajamarca para descubrir los malos manejos y el supuesto financiamiento a la Marcha Nacional por el Agua.

El problema es que el mismo argumento no funciona con Tito Chocano, el presidente regional de Tacna. Nadie lo puede acusar de izquierdista, todo lo contrario: antes de ser presidente regional, ha sido dos veces alcalde de Tacna por un movimiento regional conservador, también ha sido congresista por Somos Perú y la derechista Unidad Nacional.

Sin embargo, Chocano acaba de ponerle el pare al primer ministro Valdés, que seguramente le había garantizado al presidente Humala que esta vez el caso Tacna lo solucionaba sin mayores contratiempos. Otra vez le falló el cálculo al primer ministro; lo cierto es que el presidente de Tacna rechazó la semana pasada los millones que le ofrecían para financiar diversos proyectos en su región y le ha dicho al gobierno y a Southern que el agua no es negociable. Por lo tanto la ampliación de Toquepala sigue paralizada hasta nuevo aviso.

Todo indica que se sigue sin entender la real dimensión de los conflictos vinculados a la minería y al manejo de recursos claves como el agua. Asesores y analistas, ahora cercanos al gobierno, sufren una suerte de daltonismo y siguen viendo rojo por todos lados. La tesis central sigue la del complot cuando lo que existe es una agenda legítima que espera er atendida con reformas, nuevas políticas públicas y un marco institucional que, por ejemplo, acerque las instancias del Estado central a las regiones. Esa es la tarea pendiente y si avanzáramos en esa dirección sonaría finalmente a poesía pura.

 

Lima, 27 de Febrero de 2012

Difundido por Prensa Cooperacción - www.cooperaccion.org.pe

Publicado en el Diario La República el Domingo, 12 de febrero de 2012 | 5:00 am

La izquierda verde

Por: Rocio Silva Santisteban

Mientras algunos asesores de inteligencia de las altas esferas, con cierta experiencia en empresas de seguridad de empresas extractivas, se afanan en buscar banderas rojas, trincheras rojas, pañuelos rojos y hasta corazones rojos debajo de cualquier marcha, no se dan cuenta de que hoy en día la izquierda que avanza firme tiene el núcleo verde.
Por eso mismo, tratar de emparentar a estos campesinos y ronderos movilizados desde las lagunas de Celendín con el Movadef o los antauristas no tiene ni pies ni cabeza. Los ronderos que empezaron en 1976 en Cuyumalca, Chota, a vigilar el campo para que los abigeos no les roben su ganado, hoy, muchos años después, extendidos desde Jaén hasta Bambamarca, desde Chugur hasta Llushcapampa, son los que asumen su responsabilidad ante lo que más respetan: el medio ambiente.

Los ronderos, sin ponerles nombre, saben perfectamente qué son y cómo funcionan los complejos sistemas hídricos. Por eso mismo perciben que es estúpido pretender reemplazar una laguna con un reservorio de concreto, o un sistema de ríos con un entramado de tuberías. Los campesinos, al contrario de lo que pretenden hacernos creer quienes quieren verlos tutelados por el Estado como si fueran niños, saben qué le deben a la naturaleza. Por eso y por un reclamo justo tras cientos de años de ninguneo, hoy desde las alturas de Hualgayoc hasta las bajuras del Jequetepeque, la opción que se va perfilando es la izquierda verde.

La izquierda verde es un nuevo concepto que poco a poco –como las marchas por los cerros o los desiertos– va calando en la sociedad porque propone además de la libertad y la equidad el respeto por lo que implica nuestro punto central de vida: el agua, la naturaleza, el medio ambiente, los recursos naturales.

La izquierda verde se sustenta en valores que no son nuevos porque son parte de la vida de los campesinos desde siempre: la solidaridad, la equidad, el regreso de lo que se usa al propio lugar de donde se extrae, el reciclaje, la renovación generacional, apostando además por la alegría, la gratuidad, la confianza, la fe, la pluralidad.

La izquierda verde es ecológica, es sostenible, es sustentable, es ecosocialista. La izquierda verde no debe sucumbir ante la real politik, no se mueve por pragmatismo sino por convicciones, no apuesta a los caudillos sino a la institucionalidad. La izquierda verde no pone entre paréntesis sus valores por una oportunidad.

La izquierda verde es profundamente democrática y debe encabezar las luchas por la justicia social entendida no como chorreo o “inclusión” sino con un paradigma diverso y heterogéneo cuyo “sujeto de acción” no es UNO sino MÚLTIPLE. El hombre criollo urbano y occidental ha dejado de ser el centro; la izquierda verde debe arriesgarse hoy por lo diverso, las mujeres, los indígenas, los otros como nos-otros, la equidad. La izquierda verde propone un nuevo modelo de desarrollo entendido como una diferente manera de vivir: dar, recibir, devolver. La izquierda verde no se acerca, ya está aquí.

Diario La República, Domingo, 05 de febrero de 2012 

La marcha de Conga

Escribe: José de Echave

Conga ha pasado a engrosar la larga lista de conflictos emblemáticos vinculados a la minería que han sacudido el país cada cierto tiempo. Tambogrande el 2002; Quilish 2004, Conga 2006, Majaz 2007, Puno, Tía María, el 2011, etc. Cada caso aportó lo suyo al debate sobre la problemática minera.  

¿Por qué Conga se ha convertido en un caso emblemático? Porque resume lo que no funciona desde hace un buen tiempo en la relación minería, comunidades y ambiente en el país: estrategias erradas desde las empresas y políticas públicas desfasadas y una clamorosa ausencia de voluntad política para modificar esa relación.

Conga muestra que los instrumentos de certificación ambiental no funcionan: los estudios de impacto ambiental están desfasados; no se renuevan desde hace 20 años. El informe del Ministerio del Ambiente desnudó las debilidades del EIA Conga y hoy en día ya casi nadie se atreve a defender el proyecto tal y como fue aprobado.

Conga también ha puesto nuevamente en evidencia que el Ministerio de Energía y Minas no puede seguir siendo juez y parte y que el Ministerio del Ambiente debe convertirse en una verdadera autoridad y dejar de estar pintado en la pared.

Conga ha abierto toda una reflexión sobre cómo se deben manejar los bienes públicos en el país. Bienes públicos, de libre acceso, como en este caso es un sistema de lagunas, ¿pueden ser remplazados, así de simple, por reservorios que van a ser manejados por una empresa privada? ¿Se puede permitir que humedales desaparezcan y con ellos los servicios ambientales que prestan? ¿Una empresa debe decidir cuál es la zona de influencia de un proyecto? ¿Esa no debería ser tarea del Estado? Todos son temas para la reflexión.

Conga también ha puesto en agenda la necesidad que el país defina una política hídrica. Las cabeceras de cuenca son reconocidas por la Ley de Recursos Hídricos como zonas ambientalmente vulnerables, que deben ser protegidas, pudiendo inclusive declararse su intangibilidad. ¿Se hace lo que dice la ley?

Conga también pasará a la historia como el primer caso de un conflicto minero que, en el Perú y en América Latina, se trajo abajo a todo un gabinete y significó el giro en la orientación política del gobierno. Años de conflicto minero nos enseñan que no hay un solo remedio milagroso. Un conjunto de reformas son necesarias para canalizar los conflictos por vías institucionales y democráticas: gestión ambiental transectorial y descentralizada; ordenamiento territorial; consulta e información oportuna para las poblaciones y las autoridades locales; transparencia en la toma de decisiones; protección de fuentes de agua; mecanismos de regulación pública que permitan una efectiva presencia del Estado en las regiones, son algunos componentes de esta reforma. Estas pistas de políticas públicas ya se implementan en los principales países que tienen una actividad minera importante.

La marcha que viene desde Conga y las lagunas a la capital coloca estos temas en agenda. Si no se producen cambios, la lista de conflictos seguirá creciendo y los peruanos ya hemos perdido el derecho a sorprendernos.